LA
MASACRE DE TOLATA Y EPIZANA
LUPE
CAJÍAS
El 28 de enero es una fecha
sangrienta para la luchas de los pueblos originarios bolivianos. En 1892,
durante el gobierno de Aniceto Arce, los militares acribillaron a miles de
guaraníes que protestaban contra la expansión de los hacendados que los arrinconaban
más allá de las últimas estribaciones de la cordillera. En 1974, los militares
acribillaron a decenas de quechuas que protestaban por el alza de los precios
de los productos de la canasta familiar decretada por el dictador Hugo Banzer.
Kuruyuqui, en la frontera entre
Chuquisaca y Santa Cruz, Tolata y Epizana y otras poblaciones del Valle Alto en
Cochabamba, se sumaban a los nombres de Jesús de Machaca en el altiplano
aymara, los bordes de la carretera entre Oruro y Cochabamba, los caseríos en
las orillas de ríos benianos. Muchas muertes, desapariciones, pueblos
arrasados, para construir imperios económicos y políticos de unos pocos.
LUCHAS
AGRARIAS EN EL SIGLO XX
Las
luchas agrarias en Bolivia tuvieron varios episodios sobresalientes desde el
inicio del siglo XX. La protesta de los guaraníes en las tierras bajas contra
la conquista karai republicana, acentuada desde 1840, no fue aprovechada por
sus hermanos, antiguos enemigos, en el altiplano norte. Bajo el mando del
aymara Pablo Zárate Willca en el altiplano norte, los originarios luchaban por
recuperar sus tierras de comunidad, ambición distorsionada y luego traicionada
por los liberales durante la Guerra Federal de 1898. No existen indicios que
hagan sospechar de algún tipo de relación entre ambos levantamientos. Recién en
1990, con la primera Marcha por la Tierra y el Territorio, los indígenas de
tierras bajas complementarían sus batallas con las de los andinos.
Otra resistencia entre los comunarios al inicio del Siglo
XX era el accionar de los llamados apoderados para conseguir el reconocimiento
legal a los títulos de tierras de comunidad; los enfrentamientos contra los
patrones en Jesús de Machaca; las tomas violentas de haciendas en los años 40
con el apoyo de la anarquista Federación Agraria Departamental; la lucha por la
Reforma Agraria. También se juntaron a ello demandas por acceder a la
educación, que recién fue posible en los años 30 en un lento camino.
Probablemente la medida más profunda de la Revolución de
1952 fue la Reforma Agraria firmada el 2 de agosto de 1953 en Ucureña,
justamente por el símbolo de los esfuerzos de los quechuas para recuperar las
tierras que trabajaban. Fue el decreto que cambió la relación de fuerzas
sociales en el país. Desde esa fecha hasta los años 60 se repartieron miles de
hectáreas y el campesinado en todo el país apoyó militantemente y por años al
partido que se apoderó de la consigna “Tierras para los indios”.
Durante años, el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) aprovechó ese respaldo y tejió un enjambre clientelar que dividió al
movimiento campesino y nombres como Achacachi y Ucureña se relacionaron más con
matonaje que con libertad. Paulino Quispe “Wila saco” no consiguió el mismo
liderazgo obrero que el minero Juan Lechín.
El llamado “Bloque Independiente” comenzó una conflictiva
posición distanciada del oficialismo y más aliada con la Central Obrera
Boliviana. Mientras la corrupción de pagos y prebendas desmoronaba al
sindicalismo nacionalista.
René Barrientos, militar, viajero incansable y conocedor
del quechua, utilizó su carisma para alentar sobre esas cenizas un desvío aún
más conflictivo, el Pacto Militar Campesino que fue canalizado para aumentar la
corrupción entre los indígenas y fue empleado para reprimir a los mineros, los
cívicos, los universitarios.
En los años finales de los años 60, fue la Iglesia
Católica guiada por la Teología de la Liberación y las Comunidades
Eclesiásticas de Base, una de las pocas instituciones que intentó organizar a
los agrarios. Varios curas y religiosos recuperaron la memoria de Kuruyuqui y
los indígenas de tierras bajas comenzaron una lenta pero vigorosa organización.
En la parte aymara, bajo el alero casi clandestino de
curas bolivianos y extranjeros, se firmó en Tiahuanacu, un Manifiesto que
planteaba claramente el objetivo de la toma de poder y reconocía como aliados
naturales a los mineros y a la COB. Germen que fortalecería las corrientes
kataristas (indianistas) surgidas desde 1962 y la futura Confederación Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
En el valle, también los agrarios comenzaron a organizar
su protesta sobre todo porque las limitaciones de la Reforma Agraria ya eran
evidentes y el cambio esperado no había llegado.
TOLATA Y EPIZANA
Los campesinos del Valle Alto de Cochabamba iniciaron la
revuelta reclamando el alza de los precios de los artículos de primera
necesidad y su ejemplo cundió en pocos días por todo el país. La respuesta fue,
una vez más, la metralla. Las Fuerzas Armadas cogobernantes, se encargaron de
ejecutar la masacre, cuyo número de muertos y heridos nunca se sabrá con
exactitud.
En
1998, el Ministerio de Educación ordenó la destrucción de miles de calendarios
preparados por voluntarios alemanes para ser distribuidos en el campo. El
Presidente Hugo Banzer Suárez, elegido por el voto indirecto parlamentario,
no quería que entre las fechas
conmemorativas figurase el 28 y 29 enero de 1974, una de las muchas violencias
durante su época de dictador.
La historia oficial tiende a
desdibujar los episodios de luchas populares o a olvidarlos en los textos
escolares. ¿Cuántos niños bolivianos conocen la Masacre de Tolata y Epizana?
¿Cuántos adolescentes recuerdan cómo actuaba el Pacto Militar Campesino? ¿Qué
bolivianos tienen el libro de la Asamblea de Derechos Humanos con la relación
de los sucesos?
Una frase de Hugo Banzer quedó
grabada en “Presencia”, el matutino que se atrevió a denunciar las muertes y
desapariciones. El dictador declaró: “Si encuentran un comunista, mátenlo”,
ofreciendo recompensa por ello. El episodio marcó con fuego el final de los
sindicatos corrompidos y el vigoroso nacimiento de un movimiento campesino que
se alió con los oprimidos en las minas y en las ciudades.
Hace poco, en 2014, cuando se
conmemoraban los 40 años de los hechos, recordaba cómo me tocó por el azar
estar en la carretera entre Cochabamba, Oruro y La Paz aquel triste enero,
junto a mis hermanos, a quienes escribí una carta.
“Se
acuerdan hermanos de aquel cochala de abarcas, con las manos abiertas y ese
rostro patético que no se atrevía a bajar la vista hacia los cadáveres que lo
rodeaban?
“Era fines de enero de 1974 y el papá había cargado con
tantos hijos en un viaje por medio país para que “conozcan sus raíces, antes de
pensar en el extranjero”. Al regreso, en plena carretera, nos tocó palpar
heridos amontonados en los caimanes del Ejército y las hembras llorosas
corriendo por detrás.
“La foto quedó inmortalizada en la primera página de
“Presencia” y los activistas católicos de la flamante “Justicia y Paz”
investigaron y denunciaron los hechos ante todo el mundo.”
La Masacre de Tolata y Epizana significó en el devenir de
las luchas sociales el punto final al Pacto Militar Campesino. El movimiento
comenzó con la protesta de los fabriles de “Manaco” el 22 de enero paralizando
Quillacollo. El 24 los campesinos salieron a bloquear la carretera a Santa
Cruz, en una de las primeras cortes de ruta como protesta social, contra los
decretos banzeristas. Probablemente nadie esperaba la reacción campesina
La protesta creció por todo el Valle Alto y los militares
intentaron inicialmente usar la división y la corrupción que les fueron útiles
con el Pacto Militar campesino. Sin embargo, sin siquiera un liderazgo claro,
los agrarios no se movieron.
EL OLVIDO
Hace dos años, las autoridades ofrecieron un monumento
para recordar a los campesinos muertos en Tolata; sin embargo, no se cumple con
ello porque esas son heridas que afectan al nuevo Pacto Militar/Movimiento al
Socialismo.
Se rearticula la represión contras los agrarios de las
tierras bajas como sucedió en Chaparina, delito sin castigo y que pudo ser
mucho más dramático sin la solidaridad de los pobladores de San Borja y
Rurrenabaque. Uniformados, cocaleros y colonizadores atacaron a las nuevas
víctimas, los más pobres, trinitarios, moxeños, los defensores de parques
nacionales, de tierras de origen, sean del TIPNIS, de Carrasco, de Guarayos.
El escándalo del Fondo Indígena, que burló desde el
inicio los mecanismos de control administrativo, no solamente es el peor caso
de corrupción en la época democrática, sino el peor uso del clientelismo y de
la compra de dirigentes para anular el movimiento originario y campesino.
Así como la COB está anulada en su esencia, tampoco la CSUTCB,
la CIDOB y otras organizaciones sindicales agrarias mantienen su independencia
y recuerdan a sus héroes y mártires.
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